En Costa Rica, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la constructora costarricense MECO, por una disputa vinculada a una concesión minera en el río Chirripó en Pococi, Limón.
MECO, que viene extrayendo arena, grava y piedra de esta zona desde 1999, interpuso una demanda contra el Estado por haber declarado extinta la concesión en 2016 y haberse negado a renovarla.
El Minae argumentó que los plazos de otorgamiento y prórroga ya habían expirado. La constructora vial argumentó que la ley permitía extender la concesión, por lo que exigía una indemnización al Estado.
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El 23 de julio de 2020 esta demanda fue archivada porque MECO detuvo dicha acción judicial, manifestando que no quería retrasar la implementación del acuerdo con el Minae.
Sin embargo, al parecer no hay constancia escrita de un acuerdo con el Minae y un mes antes de esa fecha, el 24 de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró una llamada en la que Carlos Cerdas Araya, dueño de MECO, le pidió al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría interceder ante su sobrino, el entonces ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, para lograr la conciliación entre Minae y la constructora en este caso.
La llamada fue intervenida en el marco de la investigación judicial denominada Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales.
Ocho días después de esa conversación telefónica, el 2 de julio, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, le envió a la Procuraduría el oficio DM-0665-2020, indicando su interés en conciliar con la constructora.
No obstante, el abogado del Estado le respondió al jerarca que no encontraba razones para una eventual conciliación y se solicitó se argumentara las condiciones del acuerdo.
La propuesta de Rodríguez Echandi era que, tras desistir de la demanda y renunciar al reclamo de daños y perjuicios contra el Estado, MECO presentara una nueva solicitud de concesión en la misma área geográfica (el cauce del río Chirripó), ante la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae.
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El órgano procurador le indicó al exministro que no entendía por qué decía que la zona del río donde MECO explotaba materiales seguía en poder de la empresa, si tal concesión había expirado en el 2016.
En entrevista con La Nación, la procuradora reafirmó que se le hizo ver al entonces ministro que sus argumentos se enfocaban más en tratar de rescatar la concesión y no tanto en conciliar.
Luego, el exministro envió una nueva comunicación al órgano procurador, en el que exaltó: “Este Ministerio es sumamente respetuoso del criterio y posición de la Procuraduría, por lo que si consideran que no es viable una eventual conciliación, es algo que, de igual forma, será apoyado por este Ministerio”.
Fuente: La Nación
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