Ante un proyecto de ley que busca declarar la zona de Romero como una reserva natural en la provincia de San Juan, el director general de Minería, Rolando Muñoz, recordó que la empresa canadiense GoldQuest cuenta con el "derecho adquirido" de explorar, cuantificar y cualificar sus recursos minerales a través de una concesión que le fue otorgada.
El funcionario consideró pertinente esperar a que el Gobierno central otorgue el permiso ambiental–pendiente de aprobar desde el 2017– para conocer la factibilidad del yacimiento minero que fue identificado.
"Pienso que condenar este posible proyecto, que pudiera ser el motor de desarrollo de la región, no es correcto. Pudiéramos estar cerrándole las puertas a un gran proyecto económico, que puede poner grandes recursos en beneficio del Estado dominicano en el futuro, y en especial, a la región sur de San Juan", manifestó.
Indicó que, una vez se obtiene un permiso de exploración, el permiso medioambiental es clave para que la empresa minera ejecute una evaluación económica del proyecto.
En el caso de obtener resultados positivos en ambas etapas, entonces inicia la operación de construcción de las instalaciones mineras y el inicio de las operaciones de explotación.
Explicó que convertir la zona de Romero en una reserva natural "acabaría con todo eso", razón por la cual, desde la Dirección General de Minería no apoya la iniciativa del senador de San Juan, Félix Bautista.
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Muñoz dijo desconocer las razones por la cual la actual gestión gubernamental se ha demorado en otorgar el permiso ambiental a la empresa, y precisó que las normativas vigentes no estipulan un tiempo o plazo en el que este permiso debería de entregarse.
El presidente de GoldQuest en República Dominicana, Luis Santana, explicó que esta es la tercera vez que se somete el proyecto de ley —para declarar la zona de Romero como una reserva natural —, el cual ya ha caducado en dos legislaturas anteriores.
Esto hace que, para la empresa, la propuesta no genere "preocupación alguna". Santana considera que la iniciativa tiene una finalidad de hacer oposición política al proyecto, más que un interés de conservación ambiental del área.
Entiende que, tanto las autoridades como el pueblo de San Juan, están dispuestos a darle la oportunidad al proyecto, convencidos de que la explotación minera es una potencial fuente económica para el desarrollo de la provincia.
Santana expresó que el actual contexto de reformas estructurales que implementa el Gobierno augura un escenario positivo para que la minera canadiense obtenga el permiso ambiental por el que ha esperado durante más de siete años.
Fuente: Diario Libre
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