Las minas Choco 10 e Isidora están cerca de la ciudad de El Callao, en Venezuela. / Cortesía de Rusoro Mining.
La Corte Suprema francesa, la Cour de Cassation, revocó una decisión de la Corte de Apelaciones de París que había anulado parte de los daños del laudo arbitral otorgado a Rusoro Mining en su disputa de una década con Venezuela.
En 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones otorgó a la minera canadiense la suma de USD 966,5 millones, luego de la expropiación de su mina Choco 10, donde poseía el 95%, y la mina Isidora, propiedad del 50%, por parte del exgobernante de Venezuela, Hugo Chávez.
Según el tribunal del Banco Mundial, el país sudamericano había incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones Canadá-Venezuela.
Pero Venezuela presentó un recurso de anulación de la sentencia ante la Corte de Apelaciones de París, alegando que el CIADI se extralimitó en el alcance de su autoridad al otorgar daños a Rusoro Mining. En 2019, la corte anuló parcialmente el laudo arbitral, a pesar de que confirmó la conclusión del tribunal sobre el fondo de que Venezuela es responsable de la expropiación ilegal de las inversiones de Rusoro.
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Luego de esta decisión, el minero continuó buscando recursos y, a fines de marzo de 2021, pudo obtener una reinstalación del laudo arbitral en su totalidad.
En un comunicado de prensa, Rusoro Mining dijo que esta decisión permitirá a la gerencia continuar buscando el reconocimiento y ejecución del laudo, cuyo valor es ahora de aproximadamente USD 1.58 mil millones, lo que representa el monto original de la adjudicación de USD 967.77 millones, más USD 612.23 de interés calculado por la compañía.
En 2018, la minera junior y el régimen de Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo que requería que la República Bolivariana pagara a Rusoro más de USD 1.28 mil millones para adquirir los datos mineros de la empresa y para la liberación total del laudo arbitral.
A pesar de que se envió un pago inicial de USD 100 millones el 18 de diciembre de 2018, y después de este pago se suspendió la ejecución legal del laudo, Rusoro no ha informado pagos adicionales. Por lo tanto, y según el acuerdo conciliatorio, la empresa canadiense tiene derecho a reanudar los procedimientos legales para cobrar el laudo del CIADI.
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