La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles (4 de diciembre) que la explotación del litio y de minerales radiactivos es una facultad exclusiva del Estado mexicano, al considerarlos de utilidad limitada.
Con esta decisión, se desestimó un amparo promovido por la empresa minera Grupo Bararal, titular de la concesión minera 246359 en el lote San Pedro (en la comunidad de Satevó, estado de Chihuahua), contra la reforma a la Ley Minera de 2022, que nacionaliza este recurso estratégico y prohíbe concesiones a particulares.
La minera argumentó que su concesión, vigente hasta 2068, les permite explorar y explotar minerales distintos a los componentes de los terrenos. Señalaron que la reforma impulsada por el expresidente López Obrador afecta su título de concesión y viola artículos constitucionales al restringir derechos otorgados mediante una ley secundaria.
El fallo de la Corte
El proyecto para desestimar este amparo que data desde 2022, fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN.
La resolución se basó en la 'supremacía constitucional', señalando que, aunque se concediera el amparo respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio.
Por lo tanto, estimó que incluso una eventual concesión del amparo no tendría efecto, ya que la norma constitucional impide la existencia de concesiones sobre este mineral específico.
La decisión refuerza los esfuerzos del Gobierno mexicano por proteger recursos estratégicos como el litio, esencial para la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos, asegurando que su explotación contribuya directamente al desarrollo nacional.
Este fallo también establece un precedente en la política minera de México.
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